Por omisiones en sus declaraciones patrimoniales, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años a Alfredo Castillo Cervantes, quien fue titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La noticia fue realizada en un comunicado donde la SFP informó que la sanción deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el ex funcionario, quien también fue excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge con más de 18.3 millones de pesos.

El documento refiere que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó que, tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades, se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años a un ex director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) de la administración de Enrique Peña Nieto.

La sanción, que le fue notificada, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fuera comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.

Por lo anterior, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.

Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial.

Durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona sancionada.

Este procedimiento sancionador es parte de los 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno de México, y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.

 

Foto Archivo ©Sendero Artes Marciales.

 

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